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El cultivo del tomate en España

Explotación en la huerta de Europa

A pesar de la aplicación de la ley sobre la cadena de suministro, en los supermercados alemanes se siguen vendiendo tomates ecológicos españoles producidos por inmigrantes en condiciones inhumanas, según una investigación de rbb.

Said (nombre ficticio) contempla desde lejos el enorme invernadero donde trabajaba cosechando tomates. Su contrato de trabajo establecía que trabajaría 40 horas semanales con el salario mínimo de €7,67 por hora. Sin embargo, la realidad era otra.

“Trabajamos más. Hasta 70 horas a la semana. Pero sólo se pagan 40 horas, de lunes a viernes. Los sábados y domingos y las horas extraordinarias no se facturan”, explica Said.

En consecuencia, el salario por hora se reduce a menos de €4. Cuando Said habló en favor de un pago justo, fue despedido inmediatamente. Al parecer, la empresa tampoco proporcionaba ropa protectora para aplicar los plaguicidas ni disponía de lavabos o aseos para uso de los trabajadores.

Los envases de los tomates que se venden en las sucursales de Rewe, Lidl y Edeka en Alemania llevan un número que indica que son productos certificados y se ajustan a las “buenas prácticas agrícolas y sociales”. Este número permite la trazabilidad de la cadena de suministro, desde la cooperativa del sur de España Biosabor y su socio, Bio Cemosa, hasta el mostrador de verduras.

El cultivo del tomate en España
El trabajador Dijo frente a los invernaderos de la productora Bio Cemosa

“Un sistema de miedo” en la huerta de Europa

La huerta de Europa se encuentra en la región meridional española de Almería, donde se extienden vastas plantaciones de invernadero en una superficie equivalente a 45.000 campos de fútbol. Alemania, principal comprador de la región, representa el 30% de todas las exportaciones. Cada año, los supermercados alemanes reciben tomates almerienses por valor de unos €200 millones.

El sindicalista José García Cuevas habla de un "sistema del miedo" en las fábricas
El sindicalista José García Cuevas habla de un “sistema del miedo” en las fábricas

Según José García Cuevas, representante del sindicato regional SOC-SAT que se ocupa de muchas de las decenas de miles de trabajadores de la cosecha, en su mayoría norteafricanos, a estos trabajadores les llega muy poco de los aproximadamente €200 millones en tomates que llegan cada año a los supermercados alemanes desde la región del sur de España. Cuevas señala que la malversación salarial está muy extendida, así como el desprecio por la protección de la salud.

“El sindicalista también mencionó un sistema de intimidación”, según declaró. “Los empresarios intimidan sistemáticamente a sus trabajadores. Si alguien reclama sus derechos, le despiden al instante”, afirmó.

Este sistema es más eficaz cuantos menos derechos tienen los trabajadores. En 2022, los inspectores de trabajo del gobierno regional descubrieron que los trabajadores de la cosecha trabajaban sin contrato en una de cada tres inspecciones.

Los recolectores viven en chabolas

Las deplorables condiciones de trabajo han llevado a una situación calamitosa en la que unas 5.000 personas residen en chabolas improvisadas. Con palés de madera, piedras y palos, construyen chozas y las cubren con láminas de plástico usadas de los invernaderos. La falta de agua corriente y servicios básicos les obliga a aprovechar la electricidad del tendido eléctrico más cercano. Youssef, que lleva cuatro años viviendo así, también trabaja en los invernaderos y cosecha tomates. Sin embargo, el escaso sueldo que gana no le alcanza para permitirse un apartamento. Vivir en estas condiciones conlleva un miedo constante, como explica:

“Tienes miedo del fuego, tienes miedo cuando llueve, tienes miedo del verano porque hace mucho calor. La vida aquí te asusta”.

Explotación en la huerta de Europa
Las viviendas de los trabajadores en Almería son simples chozas, mal construidas con piedras, palos y tarimas de madera, cubiertas con viejas láminas de plástico

El maltrato de los trabajadores de la cosecha y sus deplorables condiciones de vida no son los únicos problemas de Almería. Según Marcos Diéguez, de la organización española de protección del medio ambiente Ecologistas en Acción, cada año hay que sustituir alrededor de un tercio de las láminas de plástico que cubren los invernaderos, que ocupan una superficie de 10.000 hectáreas. Su organización ha comparado la cantidad de láminas de plástico para invernaderos recién compradas con los datos de las empresas de eliminación de residuos, y ha descubierto que sólo el 35% de las láminas se eliminan correctamente. Una parte significativa del plástico restante acaba en uno de los más de 300 vertederos ilegales conocidos.

Según Diéguez, el impacto ambiental y humano es enorme.

“El plástico se desintegra al sol y los microplásticos se esparcen por todas partes. El viento y el agua lo llevan al mar. Entra en la cadena alimentaria y al final acabamos consumiéndolo. En mi opinión, esto es peor que una marea negra”, afirma.

El activista ambiental Marcos Diéguez muestra un vertedero ilegal de plástico de invernadero
El activista ambiental Marcos Diéguez muestra un vertedero ilegal de plástico de invernadero

Los supermercados no tienen ni idea

Rewe, Edeka y Lidl se han negado a entablar conversaciones sobre las condiciones de trabajo de sus proveedores de tomate, a pesar de los informes sobre explotación salarial, problemas de seguridad en el trabajo e importante contaminación medioambiental. En sus respuestas por escrito, Edeka afirma que tales “condiciones no se conocen”, mientras que Lidl y Rewe señalan “inspecciones periódicas e independientes in situ” que se adhieren a la “certificación GlobalGAP adecuada para la agricultura”. Esta certificación garantiza supuestamente que las cadenas de supermercados cumplen “normas medioambientales y sociales” en sus proveedores de hortalizas.

Miriam Saage-Maass, Directora Jurídica de la organización de derechos humanos ECCHR, sostiene que esta respuesta ya no es aceptable con la nueva ley sobre la cadena de suministro. La ley, en vigor desde enero, pretende garantizar que los proveedores de las grandes empresas alemanas cumplan las normas de derechos humanos y medioambientales. Además, las empresas están obligadas a realizar sus propios análisis de riesgos. Según Saage-Maass, basarse únicamente en una certificación para demostrar el cumplimiento es inadecuado y no puede ser la respuesta. Así lo expresó en una entrevista con rbb24 research.

Autocontrol insuficiente

Las cadenas de supermercados Lidl, Rewe y Edeka mencionan la certificación GlobalGAP, que es un sistema de creación propia que establecieron en los años noventa. Se rige por un consejo asesor que incluye a representantes de diversas organizaciones agrícolas internacionales, así como de Lidl, Rewe y Edeka. En esencia, se trata de una forma de autorregulación destinada a garantizar el cumplimiento de unas normas mínimas de producción y condiciones laborales en el sector agrícola.

Según Steffen Vogel, de la organización de desarrollo Oxfam, el sistema de certificación es insuficiente.

“Nuestra amplia experiencia y nuestros estudios han demostrado que las inspecciones son inadecuadas o están siendo manipuladas por las empresas locales, lo que hace que los certificados sean ineficaces para descubrir violaciones de los derechos humanos y, a veces, incluso ayudan a encubrirlas”, explica.

Vogel lleva años trabajando con cadenas de suministro y sostiene que el sistema de certificación no funciona realmente.

La nueva ley sobre la cadena de suministro está pensada para evitar esa ocultación. Para garantizar su cumplimiento en las cadenas de supermercados, 57 funcionarios de la Oficina Federal de Economía y Control de las Exportaciones (BAFA) de Borna (Sajonia) supervisan su aplicación. Según Torsten Safarik, jefe de la autoridad, el hecho de que las empresas hayan obtenido dicha certificación puede ser señal de que cumplen los requisitos de la ley, pero no se considera una prueba. Sin embargo, Safarik no quiere sobrecargar demasiado a las empresas, ya que teme que eso pueda hacer que “sufran desventajas en los mercados mundiales”. No obstante, espera que en el futuro las empresas se esfuercen más por garantizar que sus proveedores respetan más los derechos humanos y la seguridad laboral.

Oxfam exige precios de consumo más altos

Según Vogel, representante de Oxfam, las cadenas de supermercados pueden mejorar fácilmente las condiciones laborales de sus proveedores de tomate en Almería pagando precios más altos por los productos que compran y asegurándose de que el dinero extra llega a los trabajadores en forma de salarios más altos y mejores normas. Esto beneficiaría sin duda a personas como Said y Youssef, así como a los numerosos trabajadores de la cosecha de Almería. Las empresas españolas no han respondido a las preguntas de rbb.